Por Gabriel Mazzarovich
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley de Medios que de aprobarse implicaría un retroceso democrático ya que restituye privilegios a los actuales licenciatarios de las televisión abierta, facilita y promueve la concentración, abre la posibilidad de la extranjerización, elimina la participación de la sociedad, restringe a los medios comunitarios, le quita independencia a los medios públicos y golpea a ANTEL.
En nuestra edición 500, con una nota de Gustavo Gómez, abordamos en EL POPULAR las propuestas de la coalición de derecha en el gobierno para los servicios de comunicación audiovisual. En ese momento se conocía solo un borrador, este sufrió algunas modificaciones en el proyecto que finalmente se presentó al Parlamento, pero mantiene su esencia, por lo tanto las conclusiones de ese citado artículo, cuya relectura recomendamos, están plenamente vigentes.
Durante la campaña electoral todos los integrantes de la coalición de derecha, especialmente el Partido Nacional, sostuvieron que iban a cambiar la legislación sobre los servicios audiovisuales. Se hacían eco de un reclamo perentorio de los empresarios de los medios, particularmente de los titulares de las licencias para televisión abierta en la capital.
El proyecto de ley de 90 artículos presentado la semana pasada es eso, refleja casi textualmente la posición empresarial. Es un proyecto de ley hecho por empresarios para empresarios. No es una ley de regulación de servicios audiovisuales, es un modelo de negocios, y un mal modelo de negocios, porque beneficia a unos pocos, incluso entre los empresarios.
Uruguay tiene un sistema de medios de comunicación concentrado, privado y comercial. Esto es un problema grave para la democracia. Los medios de comunicación son parte del poder, en un doble sentido, para decirlo en términos marxistas, lo son en la base material y en la superestructura.
Es muy extendido el análisis sobre su capacidad de construir sentido común, en el sentido gramsciano del término, o para decirlo de otra manera, construir agenda pública, legitimación social. Lo es menos, pero no debería, el que las telecomunicaciones son ya hoy uno de los rubros más relevantes del PBI y uno de los de mayor crecimiento y perspectiva.
A ello hay que agregar que, en el caso de los medios audiovisuales, que son los que se regularon por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales aprobada en el gobierno del Frente Amplio y también a los que se refiere esta nueva ley, usan ondas que son un bien público, propiedad de la sociedad, por lo tanto es absolutamente legítimo que esta determine condiciones de cómo cede su uso.
La situación del sistema de medios de Uruguay no cayó del cielo, es el resultado de una práctica política y social, la del clientelismo político, la ausencia absoluta de regulación y la permisividad para que se constituyera un oligopolio privado que concentra gran poder.
En 2014 luego de un proceso de elaboración de más de dos años, del que participaron el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la academia, los expertos nacionales e internacionales; y también después de 2 años de trabajo parlamentario, se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, solo con los votos del Frente Amplio.
Esta ley, brutalmente atacada, fue pensada para defender el derecho a la información y la libertad de expresión que son derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, no de los periodistas y mucho menos de los dueños de los medios de comunicación.
Este proyecto de ley la deroga y retrocede en aspectos fundamentales. Es importante, y más en esta ofensiva restauradora, valorar que los retrocesos nunca son absolutos. Los avances alcanzados en la conciencia social evitan que algunas cosas se eliminen por completo y se vuelta in totum a la situación anterior. Por ejemplo, el hecho de que exista una ley. Siempre se dijo desde la derecha y el sector empresarial que no debía haber ley, que lo importante era la autorregulación. Tampoco se animaron a reivindicar el dedazo como criterio de adjudicación de licencias, mantuvieron el concurso público, aunque eliminaron las audiencias públicas y todas las instancias de control social.
Esta ley es concentradora, eleva de 3 a 8 la cantidad de licencias que puede poseer una persona, y elimina el concepto de grupo económico. Establece que quienes hoy tengan licencias, sin mediar trámite alguno, verán renovadas las mismas por 15 años, a contar desde la aprobación de la ley. Elimina el reparto del espacio en tercios entre medios comunitarios, públicos y privados, lo que consolida la preeminencia casi absoluta de los medios comerciales.
Elimina cualquier canon o pago por el usufructo de las frecuencias y al hacerlo elimina el Fondo de Promoción a la Producción Audiovisual Nacional.
Autoriza a los canales cable no satelitales a vender datos y obliga a ANTEL a brindarles su infraestructura para que le compitan por sus clientes. Le prohíbe a ANTEL incursionar en la producción de contenidos audiovisuales, cuando sus competidoras transnacionales aquí, y todas las telefónicas del mundo, tienen esto como una línea clave de desarrollo futuro.
Algunos voceros del gobierno salieron a decir que esta ley era para proteger lo nacional contra la extranjerización. Es doblemente falso. Primero porque conciben lo nacional como sinónimo de un puñado de empresarios y sus intereses.
Segundo porque, si bien es cierto que mantienen las prohibiciones de que los extranjeros sean titulares de licencias o concursen por ellas, en el articulo 14, establecen que estas limitaciones no corren en el caso de transferencias de frecuencias.
Aclaremos una vez más, nadie está planteando que desaparezcan las empresas, ni siquiera que pierdan sus licencias quienes las detentan, en algunos casos, desde hace medio siglo. No planteó eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales que hoy quieren derogar, ni lo hace ninguna organización popular, social ni política.
No discutan con fantasmas.
Nadie dice que no tengan que tenerse en cuenta los intereses empresariales. Lo que si decimos es que no se puede tener en cuenta solo los intereses empresariales. No se puede mirar la sociedad solo desde los empresarios. Y eso es lo que hace este proyecto de ley.
Los medios públicos y la censura
Cuando recién salía nuestra edición anterior se conoció una carta que el flamante director del Servicio de Comunicación Audiovisual (SECAN), Gerardo Sotelo, envió a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión conminándolos a que sometieran “todos los contenidos informativos y periodísticos” a la aprobación de un funcionario de su confianza política. La carta fue interpretada como lo que es: un mecanismo de censura previa.
La carta de Sotelo, y sus explicaciones posteriores más aún, merecieron el rechazo de organizaciones como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, APU y el Frente Amplio.
Sotelo empezó muy mal su gestión al frente de los medios públicos. Habla de que hay que asegurar que no haya sesgo político cuando él es candidato suplente a la Intendencia de Montevideo por la coalición de derecha. Un despropósito.
Las afirmaciones de Sotelo sobre que los medios públicos están sesgados a la izquierda es una falta de respeto hacia los colegas que en ellos trabajan y una mentira.
Sotelo lo que debería hacer es cumplir la ley. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aún vigente, establece una serie de principios que los medios públicos deben respetar. No hace falta ninguna Comisión de Notables. Ahí están, son 11 para más datos. Para colmo estos 11 principios se mantienen textuales en la nueva Ley de Medios propuesta por el gobierno de derecha que nombró a Sotelo.
La vigente ley de SCA y también la nueva que la quiere derogar establecen que la conducción del sistema de medios públicos debe ser de un directorio de 3 personas, no unipersonal. Sotelo debe dejar de hacer campaña para su candidatura partidaria, respetar a las y los periodistas y cumplir la ley. Punto.
