Paola Beltrán
Luego de tres años de gestión del actual gobierno en el MIDES nos proponemos analizar si las promesas de eficiencia en la gestión y claridad en los resultados han logrado plasmarse, sobre todo teniendo en cuenta que de eso depende el acceso y el ejercicio de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Para esta tarea EL POPULAR conversó con la diputada de la 1001, Frente Amplio (FA), Micaela Melgar quién, además, integró la gestión del FA del Ministerio; Ana Casteluccio, secretaria general del Sindicato de trabajadores y trabajadoras del MIDES (UTMIDES) y con Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) de Ollas Populares.
Mucho márketing sin resultados medibles
La legisladora señaló que al inicio de la gestión el gobierno hizo una serie de críticas a la gestión anterior expresando que esta nueva gestión se enfocaría en la eficiencia y los resultados, sin embargo, tres años después “el foco cambió puesto que no hay números para presentar y el foco pasaron a ser los anuncios y las inauguraciones”.
Como ejemplo puso el trabajo en calle donde “lo único que han hecho es aumentar cupos, eso significa que ha aumentado la población que necesita pernoctar y no he visto un número de egresos y ese es el número de la eficiencia del programa, lo que importa no es cuánta gente metés para adentro, es cuánta gente lográs que haga una trayectoria por fuera y egrese”.
Y agregó que “se ha ido erosionando lo técnico en lo social, se tenía una rigurosidad para tomar decisiones y ahora es lo que me parece”, explicó Melgar.
En el mismo sentido, la dirigente sindical Ana Casteluccio expresó que las evaluaciones de los programas que antes realizaba una Dirección (DINEM) ahora está a cargo de una Unidad ejecutora “que no está revisando el seguimiento sistemático de las políticas públicas” y agregó que “la mayoría de las veces las decisiones de continuidad de una política no son decisiones técnicas sino políticas. Algunos directores pueden prestar un poco más de atención al carácter técnico, pero en general no es lo que sucede”.
“Las direcciones de los equipos territoriales, mayoritariamente, no están formados para la tarea. Las personas a cargo de esas oficinas no son técnicos y no tienen ni experiencia ni idoneidad para la tarea, la mayoría son pases en comisión”, afirmó.
El modelo del Estado escritorio
“Nosotros teníamos 160 contratos unipersonales al inicio de este período de gobierno y ahora superamos los 300. Y, además, muchos llamados abiertos con dos modalidades contractuales principales, una es por unipersonales y otra es por una modalidad nueva que está a partir de la Rendición de Cuentas de 2021 que son contratos de función pública de un año con hasta cuatro renovaciones o sea que, dentro de cuatro años, el MIDES va a tener un conjunto de trabajadores y trabajadoras que no van a poder, legalmente, renovar su contrato”, explicó Casteluccio.
Más allá de lo contractual lo que se modifica es el acumulado del trabajo en territorio que tenían las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se pierde y se introduce una definición diferente de cómo deben sostenerse las políticas en territorio “en este caso se vuelve a un Estado más de escritorio, a personas que reciben demandas de parte de la población” en contrapartida al modelo anterior “acercándose al territorio en la búsqueda de las personas que necesitan este tipo de abordajes. Así teníamos no solo los programas de SOCAT (Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial) sino también los de Cercanía. En “Jóvenes en Red”, por ejemplo, que tuvo un cambio de abordaje y pasó a ser «INJU Avanza” los técnicos pasaron a trabajar en las oficinas territoriales y los jóvenes a trasladarse hasta la oficina territorial, es el joven el que tiene que acercarse con la demanda”, explicó.
Por otro lado, los SOCAT eran los encargados de fomentar la articulación territorial en los NODOS (donde convergen técnicos de diversos organismos, a fin de complementar y mejorar la eficacia de las acciones a través de un quehacer en común). Esta tarea fue eliminada de las competencias de los SOCAT y no solo eso, sino que “los nuevos técnicos territoriales no participan de los NODOS, no pueden de hecho y en el caso de “Jóvenes en Red” no se permitía a los técnicos y técnicas trabajar en los NODOS incluso bajo pena de sanción”.
Las consecuencias de esta definición política de negar la articulación territorial es compleja puesto que “lo que sucede en estos casos es que los y las técnicas dejan de articular con otras organizaciones y de poner la perspectiva del MIDES en esas otras organizaciones a la vez que pierde parte de su caja de herramientas porque la coordinación interinstitucional es parte del abanico de herramientas que puede desplegar un técnico o técnica a la hora de hacer una abordaje de una familia”, lamentó.
Cuidados y vejez
Nuestro país cuenta con algunos pilares que hacen a lo social referidos a la educación, la infancia, la Seguridad Social y el Sistema de Cuidados era un nuevo pilar que venía a complementar y reforzar esta perspectiva. Sin embargo, en la nueva gestión “desapareció la idea de que el Sistema de Cuidado iba a coordinar con el resto del Estado y terminó siendo un programa muy chiquito de asistentes personales y nada más”, evaluó Melgar.
Para el caso de la asistencia a la vejez la pandemia funcionó como “un velo” explicaron desde UTMIDES, “las visitas para nuevos ingresos no se hicieron, pero las que ya venían se hacían. Y la explicación que te daban para que no haya nuevos ingresos era que no estaban habiendo visitas, pero no era la explicación real. La realidad era que no había nuevos ingresos por una decisión política” y agregó “cuando nosotros hicimos, en noviembre del 2021, el «Velorio de las políticas sociales» era porque, efectivamente, había diez programas que habían desaparecido y no habían sido sustituidos por otros”.
Alimentación, responsabilidad del MIDES
“El MIDES ha sido bastante pobre en cuanto al involucramiento en lo que tiene que ver con el tema de la alimentación de la gente, que fue por donde empezó todo este asunto”, señaló Rodríguez, vocero de la CPS.
“En principio, allá por el 2020, nadie se hacía cargo y nosotros no tuvimos ninguna respuesta por parte del Estado y por lo tanto navegamos solos en esa instancia hasta recién de principios del 2021”.
Rodríguez aclara que “el MIDES nunca dio insumos suficientes para que las ollas pudieran desenvolverse de forma normal, siempre se necesitó complemento desde el primer momento. Allí lo que aconteció es que, sin la Intendencia de Montevideo, a través del Plan ABC, como todas las donaciones que vinieron de los sindicatos, organizaciones sociales, empresas no hubiesen podido sostenerse las Ollas porque no alcanzaba lo que daba el MIDES”.
Tanto Melgar, Castelucco y Rodríguez coinciden en que el MIDES no asumió la responsabilidad que le competía de atender una necesidad y derecho básico como es asegurar la alimentación de las personas que necesitan apoyo para concretarlo a la vez que cuestionaron duramente la actitud del Ministerio que, además de tener una actitud omisa, atacó a la organización social que asumió esta tarea tanto cuestionando su legitimidad social, su independencia político partidaria, la utilización de recursos y exigiendo cuestiones burocráticas administrativas en relación a relevamiento que el propio MIDES jamás intentó llevar adelante.
Rodríguez también denunció que los relevamientos en el territorio no los hacían técnicos de MIDES tal como corroboraron con el propio Sindicato sino los cargos políticos con un abordaje muy cuestionado por parte de las referentes de Ollas.
Finalmente, en relación al nuevo programa de alimentación, la Secretaría General de UTMIDES informó que “hasta el momento se ha definido como un programa de Montevideo y área metropolitana, no cubre todo el país, que va a iniciar, eventualmente, en abril. No tenemos una fecha concreta, pero además no tenemos las características específicas del programa ni sabemos cómo se va a implementar”.
“Las personas llegaban a las oficinas territoriales y en muchas de ellas, no se sabía de qué estaban hablando, no tenían el sistema para anotarlas, no sabían qué tenían que registrar, no había ninguna directiva. Esto se fue puliendo un tiempo después y en realidad las personas se anotan pensando que van a tener una solución alimentaria inmediata y al menos sabemos que un mes, seguro tendrán de espera porque, aunque sea el 1 de abril que se inicie en el mes de marzo no habrá cobertura. ¿Qué va a pasar cuando una persona vaya a una oficina territorial diciendo que antes iba a una olla, ahora no puede contar con eso y necesita un apoyo alimentario? La gran mayoría de esos casos van a tener que volverse a su casa sin ningún tipo de solución a pesar de que la situación pueda ser desesperada”, explicó Casteluccio.
“Lo más insólito – expresó el vocero de la CPS – es que el país crece, crece y crece y la gente tiene hambre, es absurdo eso. ¿Cuándo vamos a entender que necesitamos resolver esos problemas? ya hoy es tarde, hay que empezar cuánto antes a resolver este problema porque si no lo vamos a tener endémicamente”, concluyó.
Foto de portada:
Ministro de Desarrollo Social Martín Lema.