La decisión del juez argentino que lleva el caso del avión de la empresa venezolana de transporte Emtrasur, retenido desde 2022 en Buenos Aires, de aceptar la solicitud de una corte estadounidense solicitando la confiscación de la aeronave fue rechazada mediante un comunicado oficial por el gobierno venezolano.
De acuerdo a la prensa venezolana la solicitud estadounidense “no tiene que ver con terrorismo internacional ni con sanciones”, el pedido, señala el diario Últimas Noticias, se justifica “en un tecnicismo imperialista”.
Como la aeronave, un Boeing 747 de fabricación estadounidense, de acuerdo a la ley de Estados Unidos “cualquier venta de bienes fabricados con tecnología de ese país debe ser notificada al gobierno”.
En este caso, la empresa iraní no notificó la venta del avión a Conviasa, por lo que la justicia de estados Unidos solicitó la incautación que finalmente fue concedida por el juez argentino Federico Villena.
Aunque esa sea la explicación, agrega el medio de prensa, “por encima de eso le ponen todo el discurso del supuesto terrorismo y que si el avión era usado para espionaje o que si los miembros de la tripulación eran espías”.
Por dichos supuestos, recuerda el diario venezolano, 14 venezolanos y cinco iraníes fueron detenidos por varios meses, sin embargo, como no pudo probarse ningunos de los supuestos fueron liberados.
Para el gobierno bolivariano la decisión del juez argentino es, de acuerdo al Canciller Yván Gil, “a todas luces servil a los intereses imperiales”.
En un posteo en su cuenta de la red social X (exTwitter) Gil denunció que de esta forma se “intenta consumar el robo de la aeronave venezolana”.
En el comunicado oficial del gobierno venezolano se enfatiza que “Venezuela efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten” y advierte a los demás países sobre la posible colaboración que les pueda ser solicitada a la hora de que se quieran llevar el avión para Estados Unidos.
Venezuela, se lee al final del comunicado, “alerta a la comunidad internacional, en especial a los países latinoamericanos, que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo, será debidamente interpretada como un acto hostil, de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano”.
