Mientras el país atraviesa esta situación, el gobierno se focaliza en la aprobación de una ley de urgente consideración que no refleja la realidad actual, que viola la constitución, que no es democrática y que privatiza y retrocede en materia de derechos.
El paquete de medidas que presenta hoy el Frente Amplio consiste en cinco minutas de comunicación y siete proyectos de ley para proteger el trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos y para asegurar el acceso a los bienes de consumo básicos.
Desde la bancada de la lista 1001 se hizo énfasis en la protección del trabajo, y junto a toda la banca del Frente propone:
Prohibir los despidos en el contexto de la crisis sanitaria, en línea con las recomendaciones de la OIT. La indemnización, en caso de constituirse un despido, será el doble de lo normal acumulable en caso de ser despido especial y aplica también a vínculos con el estado.
Extender el plazo de los contratos de trabajo sometidos a plazo o condición cuya finalización opere dentro del plazo de 180 días.
Extender la fecha de reintegro de la licencia maternal/paternal si se presentan problemáticas de salud o necesidades especiales.
Suspender los términos de prescripción de los créditos laborales comprendidos en la Ley 18.09, ya que las actividades de los organismos públicos relevantes están afectados.
Flexibilizar del cumplimiento del horario laboral a trabajadores/as con niños, niñas o adolescentes a cargo que no estén concurriendo a clases.
En este mismo sentido, la bancada 1001 promovió una propuesta para que las familias no puedan ser expulsadas de sus viviendas por no poder pagar el alquiler o la renta en el contexto de la crisis sanitaria, ya que implica un grave atentado a sus derechos y un riesgo para la población. Es claro que no todos los arrendadores son dueños de grandes capitales, así que para el caso de dueños de un inmueble único, se presenta una propuesta de financiación sin afectación al arrendador. El proyecto establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de préstamos hipotecarios y para deudores de alquileres.
En este contexto es necesario garantizar el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua, telefonía e internet ya que son esenciales para el pleno ejercicio de derechos fundamentales, es por esto que se presenta un proyecto de ley en materia de tarifas donde los organismos públicos y empresas prestadoras de servicios no podrán disponer el corte de los respectivos servicios a los usuarios residenciales por un plazo de 90 días. Aplica tanto a usuarios residenciales como a un conjunto de otros espacios como las cooperativas sociales y de trabajo; las instituciones de asistencia médica comunitarias; los merenderos y comedores sociales; los locales sindicales y gremios estudiantiles y las pequeñas y medianas empresas, entre otros. Para asegurar la conectividad durante la emergencia se propone el otorgamiento por parte de ANTEL de un bono mensual en forma gratuita no menor a 30 gigabytes para servicios móviles y de datos fijos.
En la misma línea, y para prevenir el endeudamiento de la población, el Frente Amplio propone, en un proyecto de ley facultades para titulares de tarjetas de crédito.
Hoy el Estado uruguayo debe asegurar la cobertura de las necesidades básicas de su población, entre ellas, debe fortalecer la política de acceso a la alimentación. Es por eso que se entiende que es necesaria la creación de un Fondo para garantizar el Derecho a la Alimentación que, por un lado, facilite el acceso a los alimentos a aquellos sectores que tengan dificultades para asegurarlos, y por otro, fortalezca el cumplimiento de la Ley 19.292 que declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal.
Para asegurar el sustento de la población, el Frente Amplio elaboró propuestas para generar transferencias de emergencia. En este sentido se propone transferir el equivalente a un salario mínimo nacional para todas aquellas familias que acrediten no tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a 10 BPC. Es una transferencia provisoria por 120 días que incluye específicamente a los trabajadores de la cultura, quienes lo recibirán hasta un mes más del fin de la emergencia sanitaria.
Estas medidas pierden sentido si lo que sucede es que el mercado aprovecha la demanda y dispara los precios, haciendo que el acceso a la canasta básica alimentaria y a los insumos necesarios para mantener la adecuada higiene para el control de la pandemia sean prohibitivos para las grandes mayorías de la población. Es por esto que también se hacen propuestas para la fijación de precios para estos dos tipos de productos.
Para la protección de la población y para asegurar el acceso a la salud, el Frente Amplio solicita al Poder Ejecutivo disponga el acceso gratuito, tanto a nivel de las instalaciones del prestador como en el ámbito domiciliario, al procedimiento diagnóstico de COVID-19 y a la vacuna contra la gripe. Asimismo, se exhorta al PE a que aplique licencias obligatorias sobre los derechos de propiedad intelectual, especialmente patentes, que permitan garantizar el abastecimiento a precios y condiciones razonables y adecuadas, de productos farmacéuticos y demás insumos necesarios para afrontar la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Para asegurar el acceso a los tratamientos de salud se propone un proyecto de ley para el expendio de medicamentos y que se evite la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19 y apoyar la medida de aislamiento en los hogares.
Uno de los riesgos de esta crisis y de la suspensión de las clases presenciales es el de la desvinculación educativa, así como el debilitamiento del acceso al derecho de la educación de calidad. El Frente Amplio hace recomendaciones en este sentido a través de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo que incluye la extensión del plan ceibal y de la conectividad de las plataformas educativas, así como el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo para estudiantes y familias.
Por último, y para proteger la salud de la población y la protección de los y las trabajadoras, se elaboró un proyecto de ley para medidas sanitarias donde se modifica el artículo 224 del código penal para que, en el caso que la persona no tenga donde hacer la cuarentena, la autoridad sanitaria tiene que proporcionarle las condiciones materiales y habitacionales para hacerla. Se propone exigir el testeo diagnóstico necesario para la prevención y se legisla para que los trabajadores y las trabajadoras cuenten, en su lugar de trabajo, con todos los elementos de protección personal contra el COVID 19, y si se constata que las medidas de seguridad no se están cumpliendo, se intimará con carácter urgente al empleador al cumplimiento de las medidas de protección personal bajo apercibimiento de aplicarse la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
Hoy, lo urgente es la gente, y el país requiere estar a la altura de las circunstancias; el Poder Legislativo y los partidos políticos tienen la responsabilidad de hacer propuestas para apaciguar las consecuencias de esta crisis mundial. El Frente Amplio acompañó diversas propuestas del gobierno que abordaban esta situación y le extendió un conjunto de propuestas para proteger al pueblo; a treinta días de esa instancia el gobierno no ha dado respuestas. Sin embargo, el Frente Amplio propone, con fuerza, estas medidas que servirán para contener esta situación y defender la vida.
A continuación los documentos desglosados por tema:
[one_thirds]
[one_third]
[one_third]
[one_third]
[/one_thirds]
[one_thirds]
[one_third]
[one_third]
[one_third]
[/one_thirds]
[one_thirds]
[one_third]
[one_third]
[one_third]
[/one_thirds]
[one_thirds]
[one_third]
[one_third]
[one_third]
[/one_thirds]
