La renovación, por parte de Estados Unidos, de la Orden Ejecutiva resuelta en el año 2015 y que sirve de argumento a las campañas de ese gobierno contra Venezuela, fue firmemente rechazada por el gobierno bolivariano.
A través de un comunicado la Cancillería venezolana denunció que la acción del gobierno de Biden es un “caso de castigo colectivo”.
Se trata, agrega el documento, de una “acción innecesaria, absurda y hostil”, con la que Estados Unidos evidencia su “liderazgo decadente” y la falta de capacidad de su gobierno para “diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto”.
Para la Cancillería, el gobierno estadounidense “teniendo la oportunidad de corregir errores e injusticias del pasado”, que afectan sus propios intereses, “opta por continuar aplicando su terrorismo económico a través de sus más de 930 medidas contra la República bolivariana”.
“Estados Unidos”, se enfatiza en el comunicado, “es hoy rehén de sus propias políticas de agresión”.
“No se puede esperar otra cosa”, reseña Prensa Latina (PL), de una administración que “normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías”.
En el comunicado se reafirma que, a pesar de esas agresiones “el pueblo venezolano no se ha doblegado (…) ni lo hará jamás”.
Para el Gobierno de la República Bolivariana “no importa lo que haga Estados Unidos (…) Venezuela es un país decidido a ser libre y prevalecerá”, finaliza expresando el texto de la Cancillería.
La Orden Ejecutiva 13692, recuerda la agencia de prensa, fue impuesta en marzo de 2015 por el presidente Barack Obama (2009-2017) y en ella se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior” estadounidense.
