Las acusaciones por actos de corrupción contra el rey Juan Carlos o a la Casa Real no cesan.
Por Rolando Arbesún
Las denuncias van desde la existencia de “casi 100 millones evadidos, ocultados en bancos suizos y paraísos fiscales, fruto de concesiones millonarias de tratos con regímenes totalitarios, como Arabia Saudí” a “correrías, como la de Botsuana o con su primo, Álvaro de Orleáns, que llevaba una fundación pantalla con la que blanquear dinero proveniente de Suiza”.
Las acusaciones, consigna el medio Izquierda Diario, datan del año 2014 sin que, hasta la fecha, se haya podido avanzar en la producción de una investigación sistemática y seria de las mismas, por lo que los denunciados, jamás han sido sentados en el banquillo de los acusados.
“Tan innumerables son los casos de corrupción del ex monarca como los infructuosos “gestos republicanos” de Unidas Podemos (UP) para abrir comisiones de investigación, todas bloqueadas por PP y PSOE”, quien es identificado como el principal socio de la “formación morada” en el Ejecutivo español, resalta el medio de prensa.
En este entramado de complicidades, se agrega, la justicia española “que no duda en encarcelar raperos, firmar desahucios y mirar hacia otro lado en lo que a delitos de odio por parte de neonazis y feminicidas” se ha movilizado rápidamente para proteger al rey a Juan Carlos.
Para ello, la justicia española realizó “notificaciones genéricas” y poco claras, de modo que, el monarca “pudiera poner en orden sus cuentas antes de que la Fiscalía iniciase trámites legales”.
Recién, este martes, ha sido hecho público que la fiscalía había iniciado una investigación, pero previo a ello brindó aviso al investigado.
“La treta es tan sucia como torpe. La Fiscalía avisó “extraoficialmente” con una notificación al Rey; una notificación (…) que no advertía de ningún delito concreto, sino sólo de la posibilidad de ser investigado por algo”.
La notificación de marras se realizó a través del abogado del rey, Javier Sánchez-Junco, quien anteriormente oficiaba de agente anticorrupción.
La no asistencia a la notificación del abogado, le permite alegar desconocimiento y con ello se introduce un obstáculo ya que “sólo si el acusado conoce la naturaleza de la investigación puede llevar a cabo una regularización, por lo que el abogado no va a conocer esas acusaciones”.
El hecho ha sido denunciado como una maniobra para asegurar el aviso al monarca español y que, de una forma u otra este pueda regularizar sus cuentas, antes de recibir una acusación formal.
Esperar el dictamen de la Agencia Tributaria, recalca el medio de prensa, ya que corresponde a esta Agencia determinar si las notificaciones emitidas son válidas o no.
Según lo que decida al respecto la Agencia Tributaria, se configuran dos caminos: “o bien la Fiscalía ha buscado eximir al Rey Juan Carlos mediante una “notificación fantasma”, en colaboración con su abogado, para que tuviera tiempo de actuar; o bien las notificaciones son válidas, el emérito tenía suficiente conocimiento formal, y entonces debe aún un gran pellizco a Hacienda”.
Cualquiera sea el resultado, concluye el medio de prensa, lo que es “evidente es la absoluta sinergia que hay entre la Casa Real y las instituciones del Régimen del 78. Se ha hecho evidente (una vez más) que la Justicia protege a la monarquía como una institución represiva, parasitaria y corrupta, que aun con el rey actual tiene tratos con regímenes que no respetan los derechos humanos, de mismo modo que en España no se respeta la autodeterminación de los pueblos o la libertad de expresión cuando ésta va a dirigida contra la monarquía”.
