El 23 de octubre se celebró el “Día del periodista y el trabajador de los medios de comunicación”, aprovechando la efemérides EL POPULAR en Radio entrevistó a Fabián Werner, presidente de CAINFO, organización que tiene como objetivo desarrollar acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación.
-¿Desde CAINFO, cómo están viendo la situación actual de la libertad de información en nuestro país?
Nosotros hemos planteando desde el informe del año 2021 que la situación de libertad de expresión en Uruguay viene sufriendo un deterioro, sobre todo para el ejercicio profesional, pero también tenemos otros ejemplos por fuera del periodismo.
Detectamos nuevos fenómenos que veíamos que se producían en otros países de la región pero que no habían llegado al Uruguay y en el último tiempo vemos como, lamentablemente, se ha instalado la estigmatización de periodistas y medios de comunicación por parte de voceros gubernamentales y también la judicialización del malestar contra las coberturas periodísticas. Llevar a periodistas a juicio, muchas veces con la sola intención de amedrentarlos, porque Uruguay tiene una legislación que protege la libertad de expresión y esto impide que muchas veces estos juicios prosperen, pero en realidad lo que persiguen esas demandas es generar un ambiente, justamente, que inhiba al resto de los periodistas.
Desde hace un par de años, por lo menos, Uruguay entró en una tendencia regional que puede llevar a cosas peores. Por ahora tenemos fenómenos que podríamos decir de baja intensidad, si bien llevar a un periodista a juicio es grave no tenemos episodios de violencia extrema como si estamos viendo cada semana en otros países de la región que tienen una situación mucho más grave que la nuestra.
-¿El caso Astesiano marcó un cambio en esa relación entre la prensa y el gobierno?
El caso Astesiano, como los casos que suelen involucrar corrupción a nivel gubernamental generan tensiones porque, obviamente, el periodismo pone un foco en eso, la cobertura fue muy intensa durante muchas semanas y eso generó algunas situaciones complejas.
Probablemente la ex Fiscal Gabriela Fosati haya sido una de las que más episodios contra la prensa tuvo durante este tiempo, porque hubo ataques, amenazas de juicios, estigmatización y también hubo señalamientos de algunos voceros gubernamentales contra algunos periodistas que habían hecho coberturas bastante intensas del tema Astesiano.
En general este tipo de episodios suelen generar estos encontronazos entre políticos y periodistas, es bueno hablar del tema y ponerlo sobre la mesa porque estamos a punto de iniciar una campaña electoral, si es que no la iniciamos ya, y las elecciones son también momentos complejos en los que suelen ocurrir este tipo de casos donde la sensibilidad está muy marcada y las coberturas periodísticas suelen tener momentos de tensión.
Pero sí, el caso Astesiano fue uno, el caso Marset fue otro, donde el gobierno también, de algún modo, se sintió cuestionado o atacado y de hecho hubo denuncias, aparentemente provenientes del propio entorno de Marset, contra medios de comunicación, o sea que también la cobertura periodística sobre crimen organizado suele generar este tipo de reacciones contra el periodismo que generan un clima de incertidumbre, de deterioro de la libertad de expresión.
Pero no hemos tenido amenazas directas del crimen organizado contra medios en Uruguay como sí se da en otros países, en buena medida, creo yo, porque la cobertura que se hace en Uruguay es bastante poca y bastante sujeta a la información que da la policía. No hay periodistas que estén investigando activamente el crimen organizado y eso, de algún modo, evita que se produzcan amenazas directas.
-¿Cómo evalúan la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), más conocida como “Ley de Medios” y el hecho de que no se haya nombrado el Consejo Audiovisual previsto en la normativa, ni por el actual gobierno, ni por los gobiernos del Frente Amplio?
Hemos alertando, junto con otras organizaciones de la sociedad civil en el conjunto de la “Coalición por una Comunicación Democrática”, esto que ha venido pasando en estos años con la LSCA, evidentemente lo que planteas de la no conformación del Consejo tuvo un impacto porque probablemente haya sido una de las señales más claras de la poca voluntad política de aplicar la Ley.
En otros aspectos sí se ha aplicado, con altibajos, con dudas, con vaivenes pero sí, nosotros creemos que buena parte de esa duda o de esa falta de voluntad política en la aplicación de la Ley derivó en esta situación que tenemos hoy de una coalición de gobierno que insiste, a pesar de no tener acuerdo, aunque aparentemente existe ahora voluntad de intentar nuevamente acordar un texto, que permita derogar la Ley actual y aprobar una nueva Ley que obviamente implicaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión, de pluralidad, de concentración.
Hay una gran cantidad de elementos que se verían perjudicados si se llegara a producir esto, que esperemos que no ocurra y aparentemente sigue siendo un aspecto de negociación a la interna del gobierno. Todas las organizaciones y los medios que puedan verse afectados estamos expectantes a ver cómo transcurre esa negociación para ver si la Ley sigue vigente con sus altibajos y con sus traspiés o tenemos que salir a hablar de una nueva Ley restrictiva como se han aprobado otras en este período.
-Sobre las pautas y beneficios que han recibido los medios, en este caso los canales privados con algunas atribuciones ¿cómo influye en la libertad de expresión?
Ese es un elemento que genera, indudablemente, afectaciones a la libertad de expresión porque plantea la situación de premiar de algún modo, con dineros públicos, a medios de comunicación que han sido, en todos estos años, afines a los partidos que se encuentran en el gobierno y de forma indirecta genera un castigo a los que han sido críticos.
No cabe ninguna duda de que la utilización de fondos públicos ya sea a través de pauta publicitaria o a través de estos otros mecanismos indirectos de subsidios de la actividad empresarial, generan un efecto importante en la libertad de expresión.
Todos sabíamos que había una afinidad y se ve expresada muchas veces en las coberturas periodísticas de algunos medios de comunicación comercial con el gobierno, pero creo que hay pocos antecedentes de una medida de beneficio tan directo como estas que hemos visto en estos últimos días y para nosotros eso también plantea una clarísima preocupación, porque marca un desequilibrio en la relación que pueda existir entre unos medios y otros. También muestra un claro favoritismo del gobierno hacia esos medios y solo podemos esperar que eso se refleje en la cobertura de la campaña electoral. Esto es algo sobre lo que en este momento solo podemos especular y esperamos que no sea así pero, la verdad, es difícil que ocurre otra cosa.
Es algo que ha pasado cada vez que hay un período electoral cuando los partidos tradicionales están en el ejercicio del gobierno, pero en este caso ha sido bastante claro, público y además por los montos del dinero, que estamos viendo es una jugada bastante complicada.
-Sobre el acceso de la información pública ¿han llegado denuncias de que las instituciones no han brindado la información que le ha pedido la ciudadanía?
Nosotros enfocamos el monitoreo de la Ley de Acceso especialmente en el ejercicio periodístico, cuando los periodistas piden acceso a la información para su coberturas periodísticas y también en el caso de que existan retrocesos en materia legal, cuando se empiezan a aprobar normativas que terminan restringiendo el ejercicio del derecho como se produjo con la LUC en su momento, con artículos de la Rendición de Cuentas también, y hemos visto que en este período siguen produciéndose casos en los que periodistas ven restringida la posibilidad de acceder a información ya sea porque el organismo responde negativamente al pedido o porque directamente no existe ningún tipo de respuesta.
En ese sentido el Ministerio del Interior sigue siendo uno de los organismos públicos que menos cumple con la Ley de Acceso a la Información y ha sido señalado, incluso, por la Unidad de Acceso a la Información Pública a través de algunas resoluciones. Esto tiene impacto tanto en la libertad de expresión como en la calidad de la información que tiene la población al momento de tomar decisiones sobre su vida cotidiana, sobre políticas públicas, sobre qué hacer con un montón de cosas de su quehacer cotidiano y eso también es un problema.
Foto de portada:
El caso de Alejandro Astesiano (en la foto) y sus múltiples derivaciones generó mucha tensión entre el gobierno y el periodismo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
