Por Pablo Da Rocha
Esta pandemia que azota al mundo entero, ya se ha cobrado casi 300 mil víctimas mortales. Ha ido moviéndose a lo largo del planeta, cambiando su epicentro, en función de su enorme capacidad de propagación en un planeta hiperglobalizado. Lo preocupante, es que de acuerdo a las cifras y a los cambios de temperatura -propios de los hemisferios- que suelen propiciar su expansión, es dable esperar, que más temprano que tarde, ese nuevo epicentro, se traslade a Brasil.
Brasil en este momento es uno de los países con mayor cantidad de casos positivos confirmados, en el entorno de los 190 mil, y con más de 13 mil fallecidos, lo que ubica al país norteño, en el lugar 6to de un lamentable ranking de muertos por coronavirus. Lo más alarmante, es que a pesar de presentar tasas de contagio exponencial, su presidente Jair Bolsonaro se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento preventivo, por considerar que afectarían negativamente a la economía del país.
En ese marco, es que nos preguntamos ¿Cómo nuestro país debe afrontar la llegada del covid-19, y en especial, qué medidas debieran ser consideradas por este gobierno, para evitar sus consecuencias en materia del bienestar social, entre la que destaca la propia OMS, posiblemente provoquen un aumento de suicidios y de trastornos mentales?.
Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) fueron confirmados un total de 719 casos, desde el 13 de marzo, de los cuales, 545 fueron recuperadas (64%), 155 aún en curso (18%), y 19 fallecidos, lo que implica una tasa de mortalidad muy baja –en el orden de 0,6 cada 100.000 habitantes- si se la compara con Bélgica (77), España (58), EEUU (25,7) o incluso con Brasil (6,3). No obstante, como señalamos anteriormente, si bien en prácticamente casi todos los países europeos empieza a desacelerarse el ritmo de contagio; en Brasil recién empieza.
La llegada a nuestro país del coronavirus, se dio en el marco de inusuales altas temperaturas para dichas fechas, lo que hace dable esperar, que los verdaderos problemas de propagación y de contagio, se produzcan más llegando el invierno. Por ello, sigue siendo válida la pregunta: ¿será realmente que estamos haciendo bien las cosas?
La situación en nuestro país desde el punto de vista sanitario por ahora parece bastante controlada, dadas las cifras difundidas; no obstante, desde el punto de vista económico y social, las cosas han empeorado dramáticamente, lo que nos hace pensar, que las condiciones para enfrentar una posible propagación del virus -con la llegada de los duros fríos- dista mucho de ser la deseada, incluso lejos de ser la necesaria.
Nuestro país enfrenta sin lugar a dudas –más allá de la llegada del coronavirus- uno de sus peores escenarios macroeconómicos desde hace al menos 15 años. El nuevo gobierno trajo consigo un duro cambio en materia de conducción política, con una fuerte orientación neoliberal, que desata todos los males, castigando a los sectores de la población más vulnerables y desprotegidos. Con el agravante de adjudicarle como causa –esta vez- a la pandemia y justificar todo, cuando podemos demostrar que hay fundamentos en las decisiones de política mucho antes de conocido el primer caso de covid-19, en clara consonancia con su visión liberal y conservadora.
Efectivamente, estamos atestiguando un gobierno de “10”. Este gobierno logró en poco más de dos meses empeorar todas las variables macroeconómicas, y lo que es peor, las perspectivas son que continúen deteriorándose aún más.
El primer golpe a la economía vino de la mano de la liberalización total e incontrolada del tipo de cambio, que se apreció en poco meses en más de 10%, sin intervenciones –como en el pasado- para evitar sobresaltos y daño a los tenedores de deuda en dólares. Como en toda devaluación, hay ganadores y perdedores, ya sabemos quienes suelen ser, sobre todo los “ganadores”, o peor aún, los “perdedores” que siempre suelen ser muchísimos más.
Pero la situación empezó a rápidamente a empeorar en todos los planos de la economía y por ende, en las condiciones de vida de la población. En efecto, lo que siguió a la apreciación de la moneda americana, fue su impacto directo sobre la inflación (sobre los precios de los bienes y servicios transables). Por si esto fuera poco, incluso antes de la llegada del coronavirus, fue anunciado por parte de las autoridades de gobierno un aumento significativo de tarifas –que alguno pudo sospechar en sintonía con el resto del mundo, que no terminaría operando dada la pandemia- en el orden de 10%. Indudablemente, un efecto combinado de aumento del dólar y de tarifas, llevaría irremediablemente a lo que finalmente aconteció en estos días, al conocerse el dato de IPC de abril: la inflación finalmente supero luego de muchos años 10%.
Decir que el aumento de precios, erosiona y castiga la capacidad de compra de aquellos que cuentan con un ingreso fijo no es novedad; lo que quizá, era menos esperable es que en el marco de la pandemia y su necesario combate a través, del distanciamiento social operaran ajustes de tarifas, aumento de los impuestos al consumo (IVA) o la creación de nuevos impuestos (altos ingreso de los trabajadores públicos). Pero a esto, hay que sumarle que no hay perspectiva en torno no solo a la mejora de la capacidad de compra, sino que existe un riesgo potencial de no mantenerla siquiera, es más, perderla, cuando se cuestiona la conveniencia y oportunidad de aplicar correctivos, aunque éstos sean parte acordada de los convenios vigentes.
Por supuesto que las presiones inflacionarias –que golpean la capacidad de compra- y las respuestas recomendadas para el combate al covid-19, evitar la propagación del virus por medio del “alejamiento” prudencial de los puestos de trabajo, traen aparejada la consecuencia esperada del enlentecimiento (o parálisis) de la actividad económica que llevó a una explosión de las altas al seguro de desempleo, se multiplicó por 10, y la tasa de desempleo, luego de muchos años dentro de un dígito superó el 10%.
Así pues, es de esperar que un desempleo abierto y una inflación acumulada que supera el 10% impactarían sobre los ingresos de la población, afectando de este modo, su calidad de vida. Sin embargo, como en cualquier sociedad capitalista, caracterizada por la desigualdad, sus consecuencias son dispares, afectando como es lamentablemente esperable a los sectores más vulnerables, que están más expuestos a los vaivenes de la economía.
De modo, que con una economía deteriorándose, con más desempleo y más envíos al seguro de paro, con cada día menor capacidad de compra por el aumento significativo de los precios (inflación), serían estos sectores más desprotegidos que sentirían los impactos negativos. Así es que también la Pobreza empeoró, superando largamente la barrera de 10%, llevando a más de 100 mil personas por debajo de la línea de pobreza.
En este marco, nos preguntamos sobre la eficacia de las políticas implementadas por este gobierno en el marco de la pandemia, pero aún más, nos preguntamos, cómo éstas medidas –o las que deberían ser aplicadas- pueden dar respuesta a las necesidades y padecimientos de nuestra gente.
No se trata solamente de dar una respuesta inmediata para cubrir mínimamente los requerimientos básicos de la población, sino de genera las condiciones de mediano y largo plazo para su sostenibilidad. Lo hecho hasta ahora, no solo ha empeorado la situación de la mayoría (con pérdida total o parcial de sus ingresos y con menor capacidad de compra por los efectos de la suba de precios) sino que no constituye de ningún modo, un aseguramiento para revertirlo, es más, lo que ha acontecido hasta ahora de no implementarse medidas –como bien podría ser, una renta básica transitoria de emergencia- pone en riesgo de empeorar aún más la situación ya existente.
Creemos que lo urgente es la gente, y que mientras se discute en el Parlamento un proyecto de ley punitivo, privatizador y concentrador del poder y la riqueza, se debieran estar desplegando acciones y medidas con mirada de largo plazo, asumiendo que lo peor aún puede estar por llegar. Estaremos a la talla.
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