La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), en un informe presentado al Parlamento, afirma que el proyecto de ley de Medios enviado por el Poder Ejecutivo implica “un retroceso en derechos, concentración, pluralismo y transparencia”.
La CCD presentó un informe de 12 carillas ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que tiene a consideración el proyecto de ley de regulación de Medios Audiovisuales enviado por el Poder Ejecutivo con severos cuestionamientos al mismo.
En el informe se señala que la derogación de la Ley 19.307, que plantea este proyecto de ley, “deja por el camino una serie de avances respecto a garantizar la libertad de expresión y los derechos ciudadanos, el pluralismo y la diversidad de medios, la transparencia y la participación ciudadana, la promoción de la producción audiovisual nacional”.
Destaca que entre los fundamentos del proyecto de ley se señalan: “actualización al contexto tecnológico, compatibilidad con normas constitucionales y con principios generales de libertad de expresión”.
Señala que, contradiciendo el primer fundamento, en el artículo 1 se excluye del ámbito de esta ley a “los servicios y la difusión de contenidos audiovisuales que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”, tal como lo hacía la ley 19.307 que, por ello, recibió acusaciones de nacer “vieja” o “renga”. El único artículo donde se aborda lateralmente el tema (art. 48) refiere al uso de las redes de datos de ANTEL por parte de las operadoras de televisión cable”.
El informe desestima que haya problemas constitucionales de la ley vigente y recuerda que “se presentaron más de 30 recursos contra buena parte de la ley, de sus 202 artículos solo dos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y otros seis con inconstitucionalidades en algún aspecto parcial”.
Señala su preocupación porque el proyecto de ley elimina “todo el capítulo de principios generales que contiene la ley 19.307 y reduce drásticamente los derechos de todas las personas y de colectivos específicos (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, etc.) reconocidos en esa ley, volviendo a concepciones que conciben la libertad de expresión principalmente como la que ejercen los medios y periodistas y no algo que atañe a todos los ciudadanos”.
Reivindica que, a diferencia de lo que ocurrió con el actual proyecto de ley, “el proceso de elaboración de la ley 19307 fue precedida por un proceso de consulta y elaboración de propuestas a través de un Comité Técnico Consultivo, integrado por personas provenientes de los ámbitos empresariales, sociales y académicos vinculados a esta temática, que recogió además aportes y opiniones de una gran variedad de actores”.
Retroceso en derechos y en transparencia
El informe señala que en el proyecto de ley se eliminan todas las instancias de participación y control ciudadano previstas en la vigente ley.
Indica que se afectan derechos de la infancia, la adolescencia, las personas con discapacidad, de la no discriminación y de los periodistas.
En especial indica el “grave retroceso que el anteproyecto plantea en materia de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en su relación con los medios de comunicación a la vez que la desaparición de gran parte de los elementos de protección y resguardo frente a vulneraciones y exposiciones inadecuadas”.
Destaca la ausencia en el proyecto de ley de artículos que “garanticen el principio de no discriminación”.
Fundamenta también que el proyecto de ley “limita la accesibilidad de las personas con discapacidad únicamente a los informativos”.
El informe recuerda que en la ley vigente “el artículo 42 establece que “los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”. Este derecho, motivo de lucha por años de la Asociación de la Prensa del Uruguay, es derogado.
Concentración y privilegios
El informe indica que “los cambios propuestos en materia de regulación anti-concentración implican un retroceso enorme en materia de pluralismo y diversidad de medios en Uruguay, violentando expresamente recomendaciones y estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
“El proyecto a estudio del Parlamento no sólo amplía los límites a la concentración existentes hasta el momento en radio y TV abierta sino que, incluso, deroga completamente las disposiciones anti-concentración en otro sector cada vez más importante en las sociedades modernas como es la TV para abonados”, denuncia el informe.
Además “elimina el alcance de la acumulación referido a “grupos económicos” y “grupos familiares” (lo que habilitará nuevamente el uso de testaferros para superar, aún más, los ya amplios límites propuestos en la norma)”.
“El oligopolio de la televisión uruguaya, además, se verá beneficiado si se aprueba la obligación de que ANTEL abra sus redes (art. 48) para que las empresas del mismo puedan usarlo para aumentar su desigual poder ante los demás medios y aumentando su influencia sobre el sistema político”, indica el informe.
En el informe se señalan algunos ejemplos, “el proyecto casi triplica el límite de acumulación de la titularidad (total o parcial) para llevarlo hasta 8 licencias de radio y TV abierta. No más de 4 de ellas en TV abierta, 4 en FM y 4 en AM (hasta 2 en la legislación vigente). Con esos números, una sola persona puede dominar todos, o los más importantes, medios de comunicación de una ciudad o departamento”.
“El proyecto sólo controla la acumulación en “personas físicas o jurídicas” pero borra la noción de “grupo económico”, con lo cual permite volver al funcionamiento de testaferros para superar la ya alta concentración permitida por esta norma. Poniendo las licencias a nombre de familiares o abogados o amigos, una persona o empresa podrá controlar todas las emisoras que quiera”, asevera.
Expresa que el proyecto de ley “deroga todas las disposiciones que actualmente ponen límites a la concentración en la TV para abonados, salvo la propiedad cruzada entre licencias de TV satelital con otros servicios de difusión audiovisual (una disposición con nombre y apellido). Por tanto, una persona o empresa podrá ser dueña de todas las empresas de TV paga de un departamento o de todo el país”.
El informe expresa su preocupación porque “el riesgo a la extranjerización de esta concentración es enorme. Si bien el art. 13 mantiene los requisitos actuales respecto a limitar o prohibir la propiedad de medios en manos de extranjeros (personas no residentes ni ciudadanas), el art. 14 borra esta regulación al disponer, expresamente, que esa limitación no vale si se produce una compra de empresas uruguayas de TV para abonados por una empresa extranjera. Y por lo dicho en el punto anterior, una empresa extranjera no tendrá entonces otro límite para comprar medios de TV paga en Uruguay que su capacidad económica”.
El proyecto de ley “prorroga el actual plazo de sus contratos, de manera automática, arbitraria y sin evaluación previa de cumplimiento de compromisos o de su situación legal, al volver a contabilizar el plazo de la licencia a partir de la aprobación de este proyecto y hace eternas la vigencia de las licencias actuales, al disponer que habrá renovaciones casi automáticas y sucesivas de los contratos por periodos de 15 años”.
“Los actuales grandes grupos de medios concentrados podrán aumentar su poder al habilitar que también tengan licencias para ofrecer servicios de banda ancha y acceso a Internet”, finaliza.
El informe completo de la CCD se puede consultar en https://elpopular.uy/coalicion-democratica-la-nueva-ley-de-medios-es-un-fuerte-retroceso/
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