Las telecomunicaciones como expresión de la confrontación entre modelos de país.
Fabricio Mato
En nuestro país se están produciendo diversos fenómenos que tienen que ver con las telecomunicaciones y con el rol que debe jugar el Estado a la hora de defender la soberanía y el patrimonio público. En simultáneo se está abriendo el mercado de datos fijos a los operadores de televisión para abonados, se renueva el espectro subastado hace algo más de veinte años y se convoca a un procedimiento competitivo para la banda de 3,5 GHz que se utiliza para el despliegue de 5G. Como era de esperar, el gobierno de derecha no hace sino beneficiar a sus amigos mientras entrega el patrimonio público y desmantela ANTEL.
Tendemos a visualizar las telecomunicaciones como un conjunto de recursos técnicos ideológicamente neutro, pero como dice el representante del Frente Amplio (FA) en el Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Pablo Siris: “no se trata de antenas ni de aparatitos, sino del ejercicio de un derecho y de la llave de acceso a otros derechos humanos”.
Lo que está en juego, entonces, es el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país, por lo tanto, el futuro de nuestros derechos y el futuro del país.
Como decíamos el pasado 8 de diciembre en una nota publicada en El Popular –https://elpopular.uy/un-nuevo-regalo-para-las-trasnacionales-de-las-telecomunicaciones/
-y que recomendamos por el contexto que se intentó desplegar- se está regalando el espectro radioeléctrico, que es un bien escaso y finito, a las empresas multinacionales que operan en el país al tiempo que se hipoteca nuestro futuro por muchos años.
Una subasta que no es tal
El pasado 10 de marzo, Siris señaló al programa “Nada que perder” de la emisora M24: “Las condiciones que están planteadas en la subasta, no hacen posible, en primer lugar, la presentación de empresas por fuera de las que hoy están operando en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es claramente una subasta, que, aunque se anuncia como subasta abierta, es en realidad una subasta cerrada. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar se plantea que las empresas nacionales que quieran participar deberán tener previamente la licencia IMT, o sea la licencia de telecomunicaciones internacionales móviles que les permita participar del proceso. Sólo hay tres empresas que tienen la licencia IMT. Una es la estatal ANTEL, luego las multinacionales Claro y Telefónica. Entonces ya eso impide la participación de cualquier otra empresa nacional que quisiera participar del proceso”.
Agregó Siris que, asimismo, las condiciones que se plantearon para la presentación de empresas internacionales hacen casi imposible que una empresa internacional se presente.
Por otra parte, “al reservarse, como corresponde, una porción del espectro radioeléctrico para ANTEL, quedan solamente disponibles dos bloques que de la forma en la que está diseñada la subasta son solamente para dos empresas y además con la prohibición expresa de que haya más de un bloque por empresa, de forma tal que un bloque de espectro para cada una de las empresas que está participando de la subasta pagando una cifra cercana al precio base”.
En relación a ese precio base de 28 millones de dólares establecido por el Poder Ejecutivo en el decreto 425 del 27 de diciembre del año pasado se entiende que es absolutamente insuficiente si consideramos que las últimas subastas que se han realizado en nuestro continente -por ejemplo, en República Dominicana y Chile- estuvieron cerca de los 50 millones de dólares para la misma banda de espectro, afirmó el representante del FA en el Directorio de la Ursec.
Siris entendió también que las condiciones de despliegue mínimo que se exige de setenta radiobases el primer año “están bastante por debajo de la cantidad de radiobases que se colocan de manera rutinaria por parte de las empresas de telecomunicaciones en nuestro país cada año. De acuerdo al “Informe de mercado de servicios de telecomunicaciones” que publica la propia Ursec, se instalaron cerca de 350 antenas el año pasado entre las tres empresas, lo cual ratifica que unas condiciones de despliegue mínimo de 70 radiobases en realidad no es ninguna exigencia”.
Siris añadió además que al permitirse que el mencionado despliegue sea en 4G o 5G y en cualquier frecuencia autorizada (no necesariamente la que se subastará) “no se garantiza que al cabo de los 25 años -plazo por el cual se otorga el usufructo de estos bloques espectro radioeléctrico- tengamos un efectivo despliegue 5G”.
“Si no fuera suficiente todo lo que estamos planteando, se incorpora una condición no existente hasta ahora en ninguna de las subastas previas, que es que se le asigna a quienes resulten adjudicatarios, la posibilidad de renovar la licencia -el uso de ese espectro- a su sola voluntad”, señaló.
Esta eventualidad “pone al gobierno que tenga nuestro país dentro de 25 años en una situación bastante compleja a la hora de determinar qué va a hacer con el espectro radioeléctrico en una de las porciones del espectro que tendrán mayor nivel de desarrollo en el presente y el futuro inmediato”, reafirmó.
“Se recortan además deliberadamente las posibilidades de expansión de la red 5G de ANTEL, que podría haber estado disponible desde el inicio del periodo del actual gobierno, pero se tomó la expresa decisión de detener su implementación hasta tanto no se hiciera esta subasta, que no era requerida para desarrollar 5G pero que sí es una de las frecuencias más importantes para el futuro desarrollo de 5G”, concluyó Siris.
Si todo lo que denunciaba antes el representante frenteamplista en Ursec no fuera suficiente para cuestionar este proceso de subasta, la propia presidenta de la Ursec, la nacionalista Mercedes Aramendía -representante del riñón del lacallismo y quien anteriormente se desempeñó en un importante cargo de Movistar- señaló el domingo 19 de marzo en el diario El País que, a pedido de las empresas multinacionales, incluso se podría llegar a modificar las bases del pliego antes de convocar a la subasta para flexibilizar los mecanismos de pago del monto que se señalaba más arriba.
Una renovación que es más bien un regalo
Si bien quien dirige la política de las telecomunicaciones en nuestro país es el Poder Ejecutivo, parecería que la única política que tiene este órgano estatal es quitarle capacidades a la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, propiedad de todas y todos nosotros en beneficio de operadores privados, ya sean multinacionales o amigos de los partidos que integran la coalición de gobierno.
Sin embargo, el ente regulador, la Ursec, tiene un importante rol a desempeñar en un proceso de asignación de espectro radioeléctrico. Probablemente, la determinación de valores por el uso de espectro es una de las instancias más importantes para el regulador, especialmente para los casos de espectro de elevado valor como los destinados a comunicaciones móviles.
En estos casos hay dos principios que deben regir el accionar de las autoridades competentes: transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a lo que se ha conocido en los últimos días, la información que la Ursec ha enviado a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) no cumple estos principios.
El jueves 23 de marzo, el director de VTV Noticias, Gabriel Pereyra, daba cuenta de la renovación de las frecuencias asignadas en el año 2004 en la banda de 850 MHz (muy importante para el despliegue en el territorio, en tanto permite llegar a grandes distancias) a la empresa Telefónica por parte de la URSEC al mismo precio que hace 20 años, o sea seis millones de dólares.
La información se basaba en la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de renovar a la misma empresa las frecuencias asignadas en la banda de 1.700 MHz también por el mismo monto abonado en 2002, también la módica suma de seis millones de dólares.
El informe original que la Ursec recibió de sus servicios valuaba esa banda de 850 MHz en 25 millones de dólares; sin embargo, ese informe fue sustituido en el sistema de expediente electrónico y en la versión que se elevó al Poder Ejecutivo se señala que no hay datos relevantes de referencia, por lo que no es posible determinar un precio.
Entrevistado por el programa La letra chica, de TV Ciudad, Siris cuestionó que no le fueron entregados los datos primarios sobre los que se calcularon (o dejaron de calcularse) los precios de referencia, ni se indica en el mencionado expediente la fuente de los mismos o el proceso que permitió llegar a ese y otros precios de referencia que se le enviaron al Poder Ejecutivo.
Consultado por EL POPULAR, Siris cuestionó que la metodología propuesta adolece de severas carencias. En particular, no se incluye ninguna variable que haga referencia a las características del mercado de telecomunicaciones, como ser su propio desarrollo y penetración en términos de servicios móviles, la cantidad de radiobases y la cobertura por tecnología. Tampoco se incluyen otras variables relevantes como la densidad de población o las características geográficas.
La GSMA, organismo que agrupa a los grandes operadores de telefonía móvil del mundo y -por tanto- insospechada de tener una posición a favor de la defensa del patrimonio que representa el espectro radioelétrico- en su documento Renovación de Licencias en América Latina (https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2014/02/renovacion-licencias-latam2014.pdf), establece la valoración del espectro como uno de los elementos clave a analizar al momento de decidir una renovación. Allí se afirma que el espectro lo debería utilizar “aquel que más esté dispuesto a pagar” y los Estados deberían apoyarse en “modelos económicos que contemplen la situación del mercado actual y futura”, entre otros elementos, que hacen a las condiciones técnicas locales. Es más, se agrega que los “precios históricos” no son útiles, ya que “se encuentran vinculados a las condiciones de mercado en que fueron otorgadas”.
Nada de esto fue considerado cuando el pasado 29 de noviembre el Poder Ejecutivo publicó el decreto 377 en el que estableció las condiciones para las renovaciones de las subastas de espectro realizadas entre 2002 y 2011.
En el artículo 1° se establece: “Los titulares cuyos derechos de uso de espectro o su reasignación fueron otorgados mediante procedimiento competitivo por las Resoluciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) Nros. 490/002, de 12 de diciembre de 2002, y 421/004, de 16 de diciembre de 2004, a Telefónica Móviles del Uruguay (antes denominada Abiatar S.A.); 242/007, de 19 de julio de 2007, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones 194/004, de 24 de junio de 2004 y 135/011, de 26 de mayo de 2011, a AM Wireless S.A. Uruguay y por Decreto Nro. 399/011, de 22 de noviembre de 2011, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, podrán solicitar ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) su renovación. No podrán hacerlo si los pliegos que rigieron los procedimientos competitivos previeron un mecanismo de renovación diferente.”
El artículo 5° dispone lo siguiente: “La renovación será otorgada a partir del vencimiento de la autorización original y por igual plazo, en similares condiciones técnicas, de acuerdo a la normativa vigente. El plazo de la renovación se computará a partir del vencimiento del plazo original de las autorizaciones, sin importar la fecha en que se le reasignó el uso del espectro.”
Finalmente, el artículo 6° no deja lugar a dudas: “Las empresas, cuya renovación sea autorizada, abonarán a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), por la utilización del espectro, el mismo precio que abonaron cuando se les asignó su utilización, mediante un único pago que deberá realizarse dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, contados desde la notificación de la resolución de renovación del espectro. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) verterá el monto percibido, por este concepto, a Rentas Generales.”
Por lo tanto, no solamente se estableció un método de pago para la asignación de espectro que venció en diciembre de 2002, sino que también para las que vencen en 2004, en 2007 y en 2011, comprometiendo al Estado a aceptar la renovación de estas frecuencias -a la sola voluntad de las empresas operadoras- al menos hasta el 2051. Y decimos al menos, porque no se establece que esta renovación sea por única vez, sino que se deja abierto este mecanismo para que en adelante se haga de esta manera, como también se dejó plasmado en el decreto que convoca a la subasta de 3,5 GHz.
Un debate que no refiere a fierros ni a “aire”
Algunas personas suelen identificar a la industria de las telecomunicaciones con el metal que se utiliza en sus antenas, otras a ese intangible que es el espectro y que le llamamos “aire”, otros aún asocian esta área de la economía a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Probablemente todos tengan razón, pero de todas maneras entendemos que se trata de una visión que no se completa si no pensamos en derechos, en acceso universal, en eliminar todas las brechas de acceso posibles, si no pensamos en ceibalitas en las escuelas y en una conexión al mundo en cada hogar.
Para garantizar estos derechos, nuestro país hace ya mucho tiempo que estableció un modelo que ha defendido una y otra vez de los embates privatizadores que una vez sí y otra también nos presentan como “nueva” la misma receta de siempre: entregar el patrimonio nacional vendiendo Antel por pedazos y regalando nuestro espectro para que se lucren un puñado de empresas del gran capital global.
Defender Antel y proteger sus inversiones, así como evitar que se regale el espectro es garantizar un futuro para todas y todos.
La del estribo
En algunos días la Ursec debería publicar los números de portabilidad al cierre del primer trimestre de 2023, como hace desde el inicio de la portabilidad. Por lo que nos comentan en los pasillos de la Torre de las Comunicaciones, deberíamos empezar a pensar en exigir responsabilidades a quienes embarcaron a nuestro país y a nuestra empresa en un negocio tan ruinoso.
Los millones de dólares en publicidad y promociones que ANTEL ha gastado para terminar siendo la empresa que más abonados cede y que a duras penas logra empardar las cifras debería avergonzar a quienes usaron la portabilidad como buque insignia para defender la LUC y hoy tratan de que nos olvidemos del lío en el que nos metieron.
Eso sin contar algunas fallas catastróficas que padecieron en los últimos días quienes han portado su número sin importar la empresa a la que hayan migrado.
Foto de portada:
Torre de las Telecomunicaciones en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
