Bruno Giometti (*)
En los últimos días el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó información sobre la evolución reciente de los ingresos de los hogares. Según estos datos oficiales, el ingreso promedio de los hogares uruguayos en el segundo trimestre de 2024 fue de $94.956 mensuales lo que implica un ingreso medio per cápita de $33.706 por mes. Como es histórico en nuestro país, en una primera desagregación entre capital e interior, los ingresos en la capital resultan más elevados, en este caso ubicándose en $116.150 por hogar en Montevideo y $80.614 por hogar en el interior del país.
Al poner el foco en la evolución del poder de compra de los ingresos, es decir, los ingresos en términos reales, surgen varias constataciones relevantes. Una primera constatación es que los ingresos promedio se encuentran a inicios de 2024 algo por encima de los niveles de 2019, pero esa “mejora” no compensa la pérdida acumulada principalmente entre 2020 y 2021. Una segunda constatación es que en una desagregación geográfica gruesa, la evolución de los ingresos en el interior del país fue significativamente peor que en Montevideo. En concreto, el poder de compra promedio de los hogares del interior en el primer trimestre de 2024 era todavía inferior al registrado en el primer trimestre de 2019, exactamente cinco años antes. Naturalmente, esto también implica que la pérdida acumulada durante los peores años de este quinquenio, sea bastante superior. Si bien el interior es una realidad muy heterogénea, llama bastante la atención que durante la gestión de un gobierno que se autoproclama como representante de los intereses del “campo” y del interior profundo, la evolución de los ingresos económicos en el interior del país muestre un desempeño tan negativo y en términos comparativos, bastante peor que en Montevideo. Evidentemente, esto tiene que ver con múltiples factores, algunos de carácter histórico estructural y otros que se han profundizado en los últimos años, como la agudización de los problemas de empleo en varias regiones del país, los impactos de la sequía en el año 2023, la marcada insuficiencia de las políticas para la pequeña y mediana producción agropecuaria, la política salarial de rebaja hacia los trabajadores rurales, al tiempo que en los momentos de buenas coyunturas agroexportadoras como 2021-2022 el derrame no se produce.
En los datos referidos al empleo también se refleja esa heterogeneidad territorial y los problemas en varias regiones del interior del país. Según el INE hay nada menos que siete departamentos del interior con tasas de desempleo superiores al 10% que son Paysandú, Treinta y Tres, Artigas, Río Negro, San José, Tacuarembó y Salto. Por su parte, hay ocho departamentos con tasas de informalidad superiores al 30% del total de ocupados a nivel departamental (es decir que más del 30% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad) siendo Artigas y Cerro Largo los departamentos con peores registros en esta materia, con 48% y 44% de informalidad respectivamente.
(*) Economista
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Trabajadores rurales en un remate de ganado en el interior del país. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.
