Desde el primer día del gobierno de Lacalle Pou, estuvo clara la posición del gobierno de orientación herrerista a favor de los grandes medios de comunicación audiovisual y en contra de ANTEL.
Fabricio Mato
No en vano, los dos primeros proyectos de ley que se enviaron al Parlamento fueron la “Ley de Urgente Consideración (LUC)” y la “Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual. Regulación”.
Si bien esto daba cuenta de la importancia que el Poder Ejecutivo le da a la relación con los grandes capitales mediáticos, no podíamos imaginar en ese momento que (por esa vía) se le iban a asignar más de 28 millones de dólares a los canales 4, 10 y 12, según ha denunciado el director del Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Pablo Siris.
Vergüenza
Como expresó Gabriel Mazzarovich desde EL POPULAR el pasado 17 de mayo (https://elpopular.uy/una-verguenza-que-busca-blindar-el-poder): “Este es un proyecto de ley que beneficia solamente a un reducido grupo de empresarios. En el corto plazo busca beneficios de publicidad para la campaña electoral para la derecha, en el largo plazo busca blindar los privilegios en un factor clave de poder. Es una verdadera vergüenza que muestra hasta qué punto está comprometida la coalición de derecha con los privilegios de los poderosos”.
En la nota que mencionábamos previamente, Mazzarovich señalaba: “Este proyecto (…) permite una mayor concentración de la propiedad de los medios; habilita la extranjerización; golpea a ANTEL dando vía libre para que todos los cables del país vendan internet; cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo la duración de las licencias vigentes, automáticamente, por 15 años más; elimina todas las instancias institucionales de participación de la sociedad para garantizar la transparencia de las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo en su otorgamiento; elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y de esta manera desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción audiovisual nacional; partidiza a los medios públicos, eliminando instancias colectivas de conducción y estableciendo una duración del cargo del director por seis años”.
Asimismo, la nota denuncia que se “habilita a todos los canales cables a vender transmisión de datos, usando infraestructura propia o en acuerdo con terceros, es decir sin necesidad de invertir incluso usando la logística de ANTEL para competirle. La transmisión de datos es el rubro de mayor crecimiento en las telecomunicaciones, para ANTEL significa un ingreso que supera los 400 millones de dólares al año. Se dijo que era para apoyar a los cables pequeños del interior. Eso es falso, el artículo autoriza a todos los cables, no establece limitaciones de tamaño ni de localización geográfica. Los cables de los Canales 4, 10 y 12, en Montevideo y los que puedan comprar en el futuro podrán vender internet y competirle a ANTEL. Tampoco se prohíbe la transferencia a extranjeros de estos permisos”.
El proyecto se ha hecho tristemente célebre por el agregado de un artículo (el número 72) impuesto a los integrantes de la coalición de derecha por Cabildo Abierto en el que se establecen condicionamientos para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la información.
En el añadido de inspiración fascistoide se señala que los medios de comunicación audiovisual deben “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” en los programas en los que haya “análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.
Censura
Estos condicionamientos a la libertad de expresión están expresamente prohibidos por los principios para la Libertad de Expresión resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyen en sus puntos 5, 6 y 7 la prohibición de la “censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información (…). Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo”.
La CIDH establece también que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados” y expresamente dispone que: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
Este proyecto nefasto se frenó en su etapa final, cuando la Cámara de Diputados debía aprobar o rechazar los cambios que le había realizado el Senado en una sesión en la que se le dio a la norma el carácter de grave y urgente, pero las diputadas y los diputados decidieron postergar su tratamiento.
Tuvieron que ver las casi veinte declaraciones en contra del proyecto que se conocieron de organizaciones nacionales e internacionales y entre las que se incluye a la ONU, la Unesco, la propia CIDH, el Claustro de la Facultad de Información y Comunicación, las organizaciones internacionales de periodistas, el PIT-CNT y la Asociación de la Prensa Uruguaya, entre muchas otras.
Pero, sobre todo, tuvo que ver con esta decisión el importantísimo despliegue y movilización de las trabajadoras y los trabajadores de ANTEL, agrupados en Sutel. El trabajo que realizó el sindicato para sensibilizar a legisladoras y legisladores y a la población en general fue enorme.
Lo que no sabías
Casi expresamente la norma busca impedir que ANTEL compita de cualquier manera con los medios privados hegemónicos relacionados con el gran capital vinculado al agronegocio y el capital trasnacional, a pesar de que habilita a los medios a competir con la empresa estatal y pública de todas y todos los uruguayos.
El artículo 73, que establece el carácter y titularidad de los medios públicos, señala que: “Solo podrán integrar dichos servicios de difusión de contenido audiovisual público, las personas públicas estatales o públicas no estatales o sociedades de economía mixta, cuyas leyes atributivas de competencia así lo contemplen en forma expresa.
La competencia o facultad legal para prestar servicios de telecomunicaciones en general no habilitará por sí misma a prestar servicios de difusión de contenido audiovisual en particular, en aquellos casos incluidos en la presente ley”.
En aplicación de estos dos incisos, ANTEL no puede, no podría, ni podrá generar contenidos audiovisuales para competir con quienes -en cambio- quedarán habilitados a competir con nuestra empresa en la prestación de internet y datos.
El proyecto señala que solamente las empresas públicas “cuyas leyes atributivas de competencia así lo contemplen en forma expresa”, lo que deja fuera de esa posibilidad a ANTEL, cuya ley de atribución de competencias no prevé que se brinden servicios de difusión de contenido audiovisual.
Si no hubiera quedado suficientemente claro, el inciso siguiente aclara que la facultad “para prestar servicios de telecomunicaciones” -que sí es el caso de ANTEL- “no habilitará (…) a prestar servicios de difusión de contenido audiovisual”.
Este artículo 73 es uno de los menos difundidos y no es por casualidad, la coalición de derecha lo ha mantenido casi en secreto, porque por sí solo da cuenta de lo desequilibrada que es esta norma, que ha sido calificada como “un verdadero plan de negocios” para los dueños de medios aliados hoy al gobierno herrerista y en perjuicio de ANTEL, la empresa que hemos construido todas y todos los uruguayos y que nos supo tener a la vanguardia en las telecomunicaciones a nivel global, mal que les pese a los que han hecho de todo para destruirla.
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Manifestación de Sutel durante el plenario para la votación de la Ley de Medios en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
