Desde hace semanas se está hablando de la situación generada por la entrega de un pasaporte uruguayo a Marset estando detenido en Dubai por entrar con un pasaporte falso de origen paraguayo.
Se activaron las alarmas, pero no se actuó en consecuencia por parte de las autoridades. La situación fue advertida y consultada a Cancillería según relata el diario El Observador: “La diplomática advirtió que el uruguayo de 31 años estaba en prisión por ingresar a Dubái con un pasaporte paraguayo falso y, en su momento, consultó si debía ir a tomarle las huellas dactilares a la cárcel. También preguntó si la expedición y entrega del pasaporte podía ocurrir mientras Marset estaba en prisión o debía esperar a que recuperara su libertad.”
Como en todos los casos, luego de todas estas fallas el pasaporte debió ser trasladado por la valija diplomática, pero los tiempos que llevaba dicho trámite no coincidían con los tiempos de Marset, por lo cual la Cancillería se lo entregó a sus abogados y lo llevó un familiar de Marset. Todo este aparataje se usó simplemente para evitar una deportación de Marset.
Consideramos que el pasaporte no debió ser otorgado.
Por si fuera poco, luego de liberado se le adjudica la orden de asesinar al fiscal Pecci, lo que nos está trayendo una enorme dificultad con el gobierno colombiano, dado que dicho asesinato se produjo en Colombia.
De acuerdo a lo que consigna el diario El Observador: “Además de estos contactos, el embajador de Uruguay ante Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, sugirió en una comunicación con la Cancillería que se tomaran más tiempo para analizar el caso en detalle.” Pese a esto el trámite siguió adelante.
Ayer la bancada de senadores del Frente Amplio interpeló a los ministros de Relaciones Exteriores e Interior, una instancia fundamental para que las autoridades de ambas carteras despejaran todas las dudas que la gravedad del caso genera.
Como bien señaló el compañero Mario Bergara, miembro interpelante, en ningún caso la motivación se inspira en la presunción de vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas, el objetivo de la misma fue esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de los hechos.
La instancia permitió conocer nuevos elementos, pero, como bien expresa la bancada frenteamplista, las explicaciones fueron insuficientes. Los ministros no admitieron los errores políticos que son incontrastables y eso no le hace bien a las instituciones ni a nuestra democracia.
La gravedad de la situación nos obliga a reflexionar y actuar. El avance del narcotráfico requiere respuestas políticas, grandes acuerdos y rigurosidad. Es necesario trabajar para fortalecer institucionalmente al Uruguay en un nuevo contexto y mejorar la ley de financiación de partidos políticos.
Fernando Pereira
