Todo comenzó con la aprobación de una millonaria partida extraordinaria para la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y terminó con un escándalo. La interpelación a los ministros de Relaciones exteriores y Economía, Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche terminó con el pedido de renuncia de toda la delegación uruguaya en la comisión binacional y la realización de una auditoría externa.
La aprobación de la partida motivó un pedido de investigación por parte de los diputados del Frente Amplio (FA), lo que derivó en la interpelación realizada el martes. Fue una derrota para el gobierno cuyos representantes no pudieron explicar las razones del ingreso indiscriminado de funcionarios, todos vinculados al Partido Nacional. Por eso el pedido de renuncia fue votado por todos los partidos.
Este reclamo es el punto siete de la declaración y fue aprobada con los votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA).
En el punto seis se “considera necesario que la delegación uruguaya” en Salto Grande “promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”. “Resulta imprescindible”, señala la declaración, el cese inmediato de quienes han “sido contratados y se desempeñan como ediles” en Salto.
Ingresos a discreción
De “los 36 ingresos en el período analizado, al menos 27 de ellos, o sea, el 75%, fueron ingresos directos”, señala un informe del Frente Amplio.
“La mayoría de ellos son reconocidos militantes y/o dirigentes de la lista 404 del Partido Nacional de Salto, del doctor Albisu. También los hay del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Todo Salto conoce la lista con nombres y su vínculo político”, agrega.
Solo entre junio de 2020 y julio de 2021, hubo 26 designaciones directas en el organismo. Los salarios de esos funcionarios van desde $ 83.487 a $ 292.000.
Uno de los sueldos más altos, señaló en su momento Montevideo Portal, corresponde a la designación como secretario general de la CTM (rol de asesoramiento técnico) del actual vicecanciller, Nicolás Albertoni. Este ingresó en 2020, pero solicitó licencia sin goce de sueldo y la reserva de su calidad de funcionario tras asumir como viceministro de Relaciones Exteriores, en diciembre de 2022.
En diciembre de 2020, agrega, ingresaron a la institución 10 funcionarios al departamento de Seguridad y Protección, sin cargos específicos asignados y por un salario de $ 88.923 cada uno.
En junio el edil de Salto Carlos Silva (también de la lista 404) fue nombrado “secretario de la delegación de Uruguay”, con un salario de $ 263.304. Cinco meses después al edil suplente Juan Ignacio Hourcade (404) se le asignó el puesto de “profesional de Asesoría Letrada”, cargo que representa un ingreso de $ 185.166.
Lo que antecede es apenas una parte de los detalles del informe y que revelan el uso discrecional que dirigentes del Partido Nacional hicieron del organismo y de los recursos públicos.
Foto de portada
Durante la interpelación en la Cámara de Diputados en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
