Por Gabriel Mazzarovich
Este sábado el diario El País reveló que viene una nueva ofensiva por la aprobación rápida de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
Según la nota de El País, el Poder Ejecutivo, más precisamente Presidencia de la República, quiere que el proyecto de ley, considerado “una prioridad”, se apruebe en mayo en el Parlamento, esto es en Diputados y en el Senado.
La directiva fue planteada, según el matutino, en una “extensa” reunión por zoom, realizada el viernes, de la que participaron integrantes del Poder Ejecutivo, legisladores de los partidos que integran la coalición de derecha, no aclara si de todos los partidos que la componen, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
En la reunión se habrían abordado los “puntos polémicos” y se habría “alcanzado un consenso” que habilitaría su aprobación, cosa que se intentó a marchas forzadas el año pasado y no se consiguió por la firme oposición de SUTEL, la Coalición para una Comunicación Democrática, APU, la academia, expertos constitucionalistas y el Frente Amplio, y las dudas planteadas por sectores de la coalición de derecha, en particular por el Partido Colorado y Cabildo Abierto.
¿Cuáles son esos puntos polémicos? Según El País, son tres: La cantidad de frecuencias que se permitiría acumular a una sola persona o empresa; la habilitación para que los canales de televisión por abonados vendan transmisión de datos por internet utilizando la infraestructura de ANTEL y el costo de la inclusión de las señales de los canales de aire, particularmente los de Montevideo, en las señales de cable del interior.
Hay señales confusas, ya sea debidas a la nota de El País o bien a las fuentes que le dieron la información, pero lo que se desprende de la nota es muy preocupante.
El proyecto de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales tiene 90 artículos y fue enviado al Parlamento el 24 de abril de 2020, casi al mismo tiempo que la Ley de Urgente Consideración (LUC). Es considerado “prioridad” por el gobierno, especialmente por el Herrerismo, en particular por Presidencia, y refleja la misma concepción de la LUC: las urgencias del poder, de un reducido sector del empresariado, idea también esgrimida en la pandemia, con la ya famosa imagen de los “malla oro”.
Como ya afirmamos, este proyecto de ley de aprobarse implicaría un retroceso democrático porque restituye privilegios a los actuales licenciatarios de la televisión abierta, facilita y promueve la concentración, abre la posibilidad de la extranjerización, elimina la participación de la sociedad y los controles, reduce la transparencia y quita la fiscalización ciudadana a los medios públicos y golpea a ANTEL.
Como se ve, los “tres puntos polémicos” señalados por El País distan mucho de ser los únicos contenidos preocupantes del proyecto de ley y sobre la mayoría de ellos no habría ningún cambio, es decir, se mantendría el peligro para la libertad de expresión y la democracia toda si este es aprobado.
Pero esto también es así en los famosos “tres puntos polémicos”. El primero, referido a la concentración de la propiedad, de acuerdo a lo informado en la nota en vez de solucionarse se agravaría. La actual ley de Servicios Audiovisuales, votada por el Frente Amplio, que este proyecto deroga, establece un límite de hasta 3 licencias para frecuencias de radio y televisión por grupo económico. El proyecto de ley de la coalición actual aumenta esa cantidad a 8, casi el triple, pero, además, elimina el concepto de grupo económico y lo sustituyo por personas; y, como si esto fuera poco, plantea que no se considerara titular de una frecuencia a una persona si tiene menos del 30% del capital accionario. Es decir, una persona podría tener, a través de testaferros, todos los medios que quiera. Eso, según la nota, se mantendría incambiado y solo se haría un cambio en la cantidad de frecuencias que se autorizarían por persona, pero para más. Según la nota se permitirían 4 frecuencias de televisión abierta, radio o televisión de abonados, por persona, en Montevideo y 6 en el interior. La suma da 10. Eso además estaría referido al ámbito departamental. En todo caso el número que se fije es solo una anécdota si se mantiene el cambio de criterio de “grupo económico” a “persona”, ya que, a través de testaferros, práctica habitual por demás, podrían tener la cantidad de medios que el dinero les permita.
El segundo, y central, es el golpe a ANTEL, uno de los objetivos principales del proyecto de ley. En el tema de la privatización de la transmisión de datos, la situación planteada es similar, se eliminaría del texto la “obligatoriedad” de ANTEL de arrendar su infraestructura, pero se habilitarían licencias para los cables para vender transmisión de datos de banda ancha. Además, se dice que se ampliaría a otras empresas la posibilidad de arrendar la infraestructura de fibra óptica. No hay otra empresa que tenga la infraestructura que tiene ANTEL. Lo que se mantiene es que se privatiza uno de los negocios más rentables y de más futuro, la transmisión de datos, que implica, según reconoció el presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez, en la Comisión de Industria de Diputados, 400 millones dólares anuales. Y encima se sigue poniendo al servicio de privados una red desarrollada por ANTEL con inversión propia, de todas y todos los uruguayos, por más de 700 millones de dólares. Un elemento adicional a considerar es el de los criterios que se usarán para otorgar las licencias a qué canales de cable y en que condiciones. La práctica histórica de la derecha, que cambió la ley del Frente Amplio, para otorgar las licencias de frecuencias de radio y televisión fue el dedazo y los criterios el amiguismo político y los negocios. Son demasiadas las señales en este proyecto de ley de que esto se reproducirá con las licencias de transmisión de datos, en este proyecto de ley todo es opacidad. Si a esto unimos la negativa a que ANTEL produzca contenidos y la reducción de las inversiones, junto con el impacto de la portabilidad numérica aprobada en la LUC, es claro que el objetivo es golpear a ANTEL, como ya se lo propuso Gurméndez en los 90. Como ya planteó SUTEL lo que corresponde es quitar el artículo 48 de la Ley.
El tercer “punto polémico” se refiere al artículo 40, que trata de la retrasmisión de las señales de televisión abierta en los cables, particularmente del interior del país, ya que los de Montevideo son de los mismos propietarios. Los cableros del interior, supuestos beneficiarios según el gobierno de este proyecto de ley, reclaman por las condiciones que fijan los canales capitalinos basados en su condición de oligopolio dominante. La solución encontrada, según la nota, es sacar este tema del proyecto de ley para evitar que se tranque. Es decir, marcharon los cableros del interior.
Hasta aquí los tres “puntos polémicos” que, según señala la nota de El País, abordaron en la reunión de la coalición de derecha. Pero ocurre que hay muchos más en este proyecto de ley,
La nota no dice nada sobre si han discutido en la coalición de derecha el artículo 14 que habilita la extranjerización. ¿De qué manera? La ley del Frente Amplio, aún vigente, prohíbe que un extranjero sea titular o participe de una licitación por una frecuencia de radio, televisión abierta o de cable. El proyecto de ley del gobierno de derecha la mantiene, pero en el artículo 14 pone la trampa, dice que esa prohibición para los extranjeros no corre en el caso de las transferencias de propiedad de medios o de licencias.
Por ejemplo, no dice nada tampoco de la eliminación de la obligación de pagar un canon, el primero de la historia, por el usufructo en beneficio propio de frecuencias que son de todas y todos y los uruguayos. El proyecto de ley elimina ese canon y con él al Fondo de Fomento de la Producción Audiovisual. Tan “urgente y prioritario” era esto para los dueños de los grandes medios -que son los que más debían pagar porque el canon era progresivo y además estaban exonerados los medios chicos, particularmente del interior- que, como no se pudo aprobar el año pasado, el gobierno, por decreto del 31 de diciembre, le devolvió centenares de miles de dólares a los empresarios que, reiteramos, por primera vez en la historia, tuvieron que pagar algo.
Esto y la decisión, también por decreto, de flexibilizar la cantidad de tiempo de tanda publicitaria y la de no controlar su cumplimiento, hacen que las referencias a que se buscará “incrementar los controles” suene a chiste, porque en realidad, ya hoy, antes de que se apruebe el proyecto de ley, están haciendo exactamente lo contrario.
Lo cierto es que este proyecto de ley, de ser aprobado, concentrará la propiedad de los medios en pocas manos y habilitará la extranjerización de los mismos. Eso solo puede implicar menos pluralidad y menos libertad de expresión.
Como la vida lo ha demostrado, este no es un proyecto de ley, es un modelo de negocios, que beneficia a un pequeño grupo de empresarios, para restituirles privilegios, consolidar su poder y aumentar el valor de venta de los canales y radios, para asegurarles más ganancias.
Muy particular atención hay que darle al peligro de desguace, por la vía de los hechos, de ANTEL, empresa pública de fundamental importancia, para darle a los privados y a empresas trasnacionales, un aspecto central de su gestión, con repercusiones en el presente y en el futuro.
Habrá que estar atentos a cuáles son los cambios que finalmente se presentan en la Comisión de Industria de Diputados, donde actualmente está el proyecto, y donde a propuesta del Frente Amplio fueron recibidas más de 30 delegaciones, sindicales, académicas, de la sociedad civil, empresariales, el directorio de ANTEL y de la URSEC, y en prácticamente todos los casos plantearon severas reservas. Es allí que debe darse la discusión y donde no querían darla y siguen sin querer hacerlo.
Por ahora, es necesario reiterar, que este proyecto de ley es un retroceso democrático muy importante y que los cambios, anunciados por El País, empeoran la situación.
Y enfatizar, sin sombra de duda, que es una pieza más de la restauración conservadora, que se está aplicando a pesar de la pandemia, en incluso aprovechando la pandemia, y que tiene como resultado un Uruguay menos libre y más desigual, por ello menos democrático, con mayor concentración de la riqueza y del poder.
(*) A continuación, los links de 16 notas y videos publicados por EL POPULAR sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales y sus contenidos, que amplían la información brindada en este artículo.
https://elpopular.uy/el-proyecto-de-ley-de-medios-no-tiene-quien-lo-defienda/
https://elpopular.uy/antel-y-la-ley-de-medios/
https://elpopular.uy/coalicion-democratica-la-nueva-ley-de-medios-es-un-fuerte-retroceso/
https://elpopular.uy/ley-de-medios-concentradora-privatizadora-y-restauradora/
https://elpopular.uy/nueva-ley-de-medios-un-traje-hecho-a-medida/
https://elpopular.uy/gobierno-devolvera-mas-de-us-200-000-a-propietarios-de-medios/
https://elpopular.uy/apu-y-la-ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual/
https://elpopular.uy/quieren-aprobar-de-apuro-esta-ley-de-espaldas-al-pueblo/
https://elpopular.uy/una-ley-de-retroceso/
https://elpopular.uy/en-defensa-de-antel/
https://elpopular.uy/favor-con-favor-se-paga/
https://elpopular.uy/amor-con-amor-se-paga/
https://elpopular.uy/quien-mucho-abarca-todo-aprieta/
https://elpopular.uy/sutel-plantea-retirar-el-articulo-48/
